Lo hizo el Bloque del Frente para la Victoria-Partido Justicialista, mediante un Proyecto de Resolución. Denuncian que se está utilizando al “Poder Judicial y a las Fuerzas de Seguridad, como modo de persecución a la oposición política”, en el contexto de la crítica situación que se vive por estas horas en la Cuenca Carbonífera, a la vez que alertan sobre “los atropellos a las instituciones y a las garantías mínimas de cualquier proceso judicial”.
Río Gallegos, 07 de Marzo de 2018. El Bloque del Frente para la Victoria – Partido Justicialista, presentó este miércoles un Proyecto de Resolución repudiando “enérgicamente la utilización del Poder Judicial y de las Fuerzas de Seguridad, como modo de persecución a la oposición política, ejercida institucionalmente por decisión del mandato popular”, como así también requirieron “a las instancias judiciales superiores, al Juez Federal Luis Rodríguez, la inmediata liberación del Intendente electo Atanasio Pérez Osuna, detenido arbitrariamente, dado que no existen elementos procesales que justifiquen el dictado de su prisión preventiva, garantizando un proceso judicial que respete las garantías constitucionales”.
Dicho proyecto, que lleva la firma de los Legisladores de la bancada mayoritaria, se basa en que “el proceder del Juez Federal a cargo de la causa, ha privado al Intendente de toda posibilidad de ejercer su legítimo derecho a defensa”, explicando luego que “la decisión de detenerlo ha sido adoptada en un estado de desarrollo de la instrucción, en la que no existe ningún tipo de elemento que haga peligrar la investigación por parte del Intendente, y/o que se pueda presumir que intentará eludir el accionar de la Justicia, en caso que existiesen elementos que hagan necesaria su detención, y que a la fecha no existen”.
Además, sostiene que “el contexto en el que se ha ordenado la detención de Pérez Osuna, hacen que la decisión judicial deba ser tachada de ilegítima, toda vez que surge evidente su intencionalidad política”, resaltando que “desde el arribo de CAMBIEMOS al Gobierno Nacional se vienen adoptando decisiones judiciales de similares características, dónde el debido proceso y el principio de inocencia brillan por su ausencia, dando paso a la persecución judicial de la oposición política”.
“La utilización del Poder Judicial para estigmatizar dirigentes” – señala el proyecto – “no es una novedad, ni un brillante descubrimiento del macrismo. Es un mecanismo muy utilizado en nuestra región, dónde a través de denuncias judiciales se busca desacreditar o proscribir rivales políticos”, considerando luego que “este entramado que el Poder Judicial viene estableciendo con los medios de comunicación, tiene como fin último operar contra los procesos populares y lograr un disciplinamiento social, con la intención de proscribir y/o desacreditar rivales políticos a través de denuncias judiciales y mediáticas”.
A su vez, los diputados plantean que “no es casual que esta decisión judicial haya sido adoptada en el contexto político y social que se vive por estas horas en Río Turbio y 28 de Noviembre, en un marco de flexibilización laboral que se impone en la Cuenca Carbonífera, sometiendo a los trabajadores de YCRT a despidos, hostigamiento y amenazas de cierre de la principal fuente laboral de 3.000 vecinos santacruceños”.
“En consonancia con este avance sobre las instituciones, los trabajadores y quienes han apoyado su lucha desde el lugar que les otorgó el pueblo, el Poder Central, paralelamente, ha ordenado el envío de las fuerzas de la Gendarmería, con la clara intención de actuar reprimiendo cualquier protesta, como ya lo hecho en otros lugares del país”, planteando luego que “es también funcional la decisión del Juez a las políticas regresivas del Gobierno Nacional, ordenando una medida similar sobre el Diputado Provincial Matías Mazú, a quien pretende detener – previo desafuero por parte de esta Cámara de Diputados – casi en simultáneo con la sanción de la Resolución impulsada por él, en la que promueve medidas que intenten reactivar la productividad de la mina de Río Turbio y la Central Termoeléctrica, requiriendo la conformación de una Comisión Bicameral en el Congreso de la Nación, que realice un seguimiento, investigación y control de la puesta en marcha de la Usina ‘14 Mineros’, e informar públicamente de los resultados, generación de energía, inversiones proyectadas, obras y trabajos que se lleven adelante en ese sentido, y que fue sancionada por unanimidad de esta Legislatura”.
También consideran que “esta orden judicial, lejos de desacreditar la labor pública desempeñada por quienes hoy persigue, no hace más que repetir acciones a las que los santacruceños y los argentinos nos estamos acostumbrando a presenciar, como testigos de la utilización de CAMBIEMOS del Poder Judicial, sostenido por las Fuerzas de Seguridad como brazo protector de sus políticas de ajuste, flexibilización, despidos, represión y empobrecimiento de los pueblos, buscando desviar la atención, con causas armadas y detenciones con alto impacto mediático, amparadas bajo la brutal complicidad de los medios de comunicación, que reproducen y avalan este avance sobre la oposición política, que no cesa de denunciar estos atropellos a las instituciones y a las garantías mínimas de cualquier proceso judicial”.
Finalmente, los legisladores “manifestamos nuestro más enérgico repudio a la detención del compañero Intendente, Atanasio Pérez Osuna, y exigimos su inmediata liberación, garantizando un proceso judicial que se ajuste a derecho, respetando todas las garantías constitucionales, y evitando su utilización política para la persecución y hostigamiento a la oposición política”, reiteran, advirtiendo luego que “estas medidas judiciales no harán cesar nuestra exigencia de la inmediata reincorporación de los 500 despedidos de YCRT, ni el rechazo a las políticas de hambre y flexibilización del Gobierno Nacional, que quieren imponer con represión, amenazas y causas inventadas para distraer a la Opinión Pública”.
